Fiscalía pide 8 años de cárcel para el exjefe de la PNP por afectados en las protestas del 2022
Investigación involucra presuntas responsabilidades por omisión en intervenciones policiales
El Ministerio Público, a través de su Fiscalía especializada en Derechos Humanos, formalizó un requerimiento de ocho años de pena privativa de la libertad efectiva contra el general y exjefe de la Policía Nacional del Perú (PNP), Víctor Zanabria, y el coronel Frank Chang.
A ambos altos mandos se les atribuye el delito de omisión de funciones por no haber adoptado las medidas necesarias para impedir que las fuerzas del orden causaran lesiones de extrema gravedad a dos ciudadanos durante las jornadas de protesta de diciembre de 2022.
Este proceso penal ha ingresado a la etapa de control de acusación dentro del Poder Judicial, una fase intermedia en la que el magistrado a cargo evaluará la solidez de los argumentos fiscales antes de determinar el inicio de un juicio oral formal.
La imputación de las autoridades se enfoca en los hechos de violencia registrados el 12 de diciembre de aquel año, donde el ciudadano Renato Murillo terminó en estado de coma por doce días luego de que un cartucho de gas lacrimógeno impactara directamente en su cráneo; paralelamente, Benedicto Huaccachi sufrió heridas considerables en la zona pélvica por un proyectil de similares características.
Además de la sanción carcelaria, la Fiscalía ha planteado una inhabilitación de tres años y ocho meses para el ejercicio de cualquier cargo público y el pago de una reparación civil para los damnificados.
La acusación también alcanza al teniente Luis Bazán, sindicado como el autor material del disparo contra Murillo, para quien se piden siete años de cárcel, así como penas de entre dos y seis años para otros cinco efectivos policiales que presuntamente consintieron los excesos sin intervenir.
Cabe precisar que Zanabria arrastra otra pesquisa mucho más severa en la que se solicitan 35 años de penitenciaría por el presunto homicidio calificado de Víctor Santisteban, un manifestante fallecido en enero de 2023 en las calles de Lima.
El debate por la jurisdicción castrense y la advertencia de impunidad de la CNDDHH
Este requerimiento judicial coincide temporalmente con la aprobación en primera votación de un dictamen en el Pleno del Congreso que pretende otorgar al Fuero Militar Policial la competencia exclusiva para juzgar a miembros de las Fuerzas Armadas y la PNP involucrados en actos de violencia durante el ejercicio de sus funciones.
Germán Vargas, secretario ejecutivo adjunto de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), rechazó tajantemente la propuesta del Parlamento, argumentando que trasladar crímenes ordinarios de esta índole a tribunales militares resulta inconstitucional y rompe la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.