
Juntos por el Perú presentó una denuncia constitucional contra el canciller Carlos Pareja Ríos ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso. El partido de Roberto Sánchez sostiene que existieron presuntas irregularidades en el manejo del material electoral proveniente del extranjero durante la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026.
El recurso fue presentado por el personero legal del partido, Pablo Salas Charca, quien atribuye al ministro de Relaciones Exteriores los presuntos delitos de fraude electoral, obstrucción de actos electorales y omisión de funciones. La denuncia se centra en las decisiones adoptadas para el traslado y custodia de las actas de votación de los peruanos residentes fuera del país.
Según la organización política, los cambios aplicados en el procedimiento electoral habrían afectado la cadena de custodia del material electoral. Por ello, solicitaron la apertura de un juicio político y un antejuicio constitucional para determinar posibles responsabilidades.
La denuncia toma como referencia la Resolución Jefatural N.° 90-2026-JN/ONPE, emitida antes de la segunda vuelta electoral. De acuerdo con el partido, dicha disposición permitió modificaciones en la gestión de las actas y cédulas de sufragio emitidas en el extranjero.
Entre los aspectos observados figuran la fusión de mesas de votación, la designación de miembros de mesa por parte de funcionarios consulares y el traslado físico del material electoral mediante valijas diplomáticas en lugar de la digitalización de las actas.
El partido sostiene que estos cambios habrían comprometido la seguridad del proceso. “Es una afectación grave al proceso electoral el haber cambiado las normas en la segunda vuelta por petición de la Cancillería. Han roto la cadena de custodia. Nosotros solo queremos que nos demuestren qué ha pasado”, señala.
Tras conocerse la denuncia, el Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado en el que rechazó cualquier acusación relacionada con una supuesta manipulación de votos o interferencia en el proceso electoral.
La entidad afirmó que sus funcionarios actuaron conforme a los procedimientos establecidos y negó que se hayan producido actos de favorecimiento político o alteración del material electoral. Además, aseguró que todas las acciones se realizaron en coordinación con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
La Cancillería también precisó que el mecanismo de escaneo de actas utilizado durante la primera vuelta fue una herramienta complementaria que solo operó en 108 de las 180 oficinas consulares y que no reemplazó el traslado físico del material electoral.
De acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores, el sistema de escaneo aplicado en la primera vuelta presentó dificultades técnicas y operativas en varias sedes consulares, por lo que se decidió no continuar con su uso durante la segunda vuelta.
La cartera señaló que esta decisión fue adoptada en coordinación con la ONPE y que no implicó modificaciones a la Ley Orgánica de Elecciones ni al procedimiento legal para el traslado de las actas.
Asimismo, sostuvo que la suspensión del escaneo no generó interrupciones en la cadena de custodia. Según explicó, las actas permanecieron lacradas y bajo mecanismos oficiales de seguridad desde el cierre de la votación hasta su llegada a territorio peruano.
La Cancillería aseguró que todas las actas y cédulas de sufragio procedentes del extranjero llegaron a la sede de la ONPE sin alteraciones y conforme a los cargos de recepción correspondientes.
Además, indicó que el repliegue del material electoral se realizó mediante valijas diplomáticas y con el acompañamiento de funcionarios consulares acreditados como correos diplomáticos.
Mientras la denuncia continúa su trámite en el Congreso, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que pondrá a disposición de las autoridades electorales y de control toda la documentación que sea requerida para esclarecer los cuestionamientos planteados por Juntos por el Perú.
